La lucha contra el fraude fiscal es uno de los ejes estratégicos de la Administración Tributaria española. Con la aprobación de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, España reforzó los mecanismos de control sobre la actividad económica y estableció nuevas obligaciones para empresas y autónomos. Entre ellas, destaca la exigencia de utilizar sistemas informáticos que garanticen la integridad, trazabilidad e inviolabilidad de los datos contables y de facturación, evitando cualquier manipulación que pueda ocultar transacciones o alterar la información fiscal.
Esta ley contra el fraude fiscal afecta de manera directa a todos los negocios que gestionan ventas, facturas y cobros, especialmente a través de software TPV (Terminal Punto de Venta). La normativa exige que estos sistemas cumplan criterios estrictos para impedir dobles contabilidades, borrar tickets o modificar facturas sin rastro. Por ello, disponer de un ERP y un TPV homologado, seguro y actualizado ya no es una opción: es una obligación para evitar sanciones económicas y problemas legales.





